Resumen
La reciente expedición de la Ley 2094 de 2021, ha generado gran incertidumbre al interior de las Oficinas de Control Disciplinario y de las Personerías Municipales dado que no se conoce con exactitud, la manera en la que estas deben garantizar los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad que se reclaman para todos los servidores públicos.
El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego v/s Colombia instó al Estado Colombiano para que dentro de las actuaciones que pretendan restringir derechos políticos, se garanticen los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad. El primero enfocado a lograr que la autoridad encargada de la etapa instructiva no sea la misma que adelante el juzgamiento y el segundo y quizás el más polémico, que tal restricción (entiéndase la de derechos políticos) sea impuesta por juez competente en el marco de un proceso que contenga las garantías propias del sistema penal.
Citas
Corte Constitucional, [CC], noviembre 13, 2013. M.P.: J. Henao. Sentencia C-826/13(Colombia). Obtenido el día 18 de agostode 2021. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-826-13.htm
Corte Constitucional, [CC], octubre 29, 2009. M.P.: J. Henao. Sentencia C-762/09(Colombia). Obtenido el día 18 de agostode 2021. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-762-09.htmLey 2094/2021, junio 29, 2021. Diario Oficial [D.O.]: 51720. (Colombia). Obtenido el 18 de agosto de 2021. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2094_2021.html
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